martes, 27 de septiembre de 2016

Museos potosinos para principiantes (y/o mal intencionados)




En el periodismo hay ocasiones en que la información escasea, ya porque no hay temas de impacto, es temporada de vacaciones, hay pereza por parte de quienes se encargan de buscar la noticia o falta de imaginación para hacerlo. Al inicio de la última semana de septiembre, Pulso y San Luis Hoy -ambos de Editorial Mival, propiedad de la familia Valladares- unificaron su nota principal con un tema tan manido como sensacionalista: su gran descubrimiento en torno a la renta de espacios en algunos museos de San Luis Potosí para diversos eventos sociales.
“Gobierno ofrece museos como salones de fiesta”, fue el encabezado de Pulso, en tanto San Luis Hoy, más dramáticamente, puso “Museos sólo sirven de salones de fiestas”. La nota es de Leonardo Vázquez, ex compañero universitario y un periodista a quien respeto pero no entiendo en qué pensaba al redactar su muy breve texto ni porqué una investigación de escritorio tuvo repercusión de primera plana. De inicio el tema ya ha sido abordado con anterioridad en diferentes medios, pero particularmente en los de Editorial Mival, siempre de una manera incompleta, cabe agregar.
La bajada de la nota en ambos medios dice: “Así buscan subsistir galerías como el MAC o el del Ferrocarril”. Luego en el primer párrafo señala sin conexión con la información posterior como algunos de los recintos fueron inaugurados en anteriores administraciones estatales y que hay varios poco concurridos, como el de las Culturas Populares. Continúan las imprecisiones: Una galería no es lo mismo que un museo y no se puede usar el término como sinónimo; el Museo de Arte Contemporáneo no cuenta con renta de espacios y el de Culturas Populares desapareció hace años.
Más adelante en la nota se menciona un presupuesto de 126 millones 390 mil pesos para los museos del estado en 2016, lo cual aprovecha San Luis Hoy para señalar con índice flamígero “A los potosinos les cuesta 126 millones de pesos mantener 10 de estos sitios, (sic la coma anterior) y se ofrecen para bodas”. En dicho medio su coordinador, Armando Acosta usa el espacio de su columna Bitácora para dedicarse, con mucha mayor amplitud que la nota original al tema plañiendo la afrenta a la ciudadanía por las rentas, que muchas y muy nobles dependencias gubernamentales no cuentan con los recursos, hace acusaciones subjetivas e incluso miente deliberadamente para concluir pidiendo la destitución del Secretario de Cultura, Armando Herrera.
La última vez que vi a Armando Acosta en un recinto cultural fue hace trece años, lo recuerdo bien porque se acababa de inaugurar el Museo Federico Silva y uno de los guardias fue a pedirme atender a una persona muy molesta en la taquilla; era él, indignado por deber pagar por un espacio que era del pueblo a una tarifa la cual estimaba muy alta. Aproveché la coyuntura para platicar con él, uno de los detractores de la creación del museo, y exponerle las características particulares del mismo y el porqué de tarifas y descuentos. Pudimos razonar y finalmente disfrutó del recinto junto a su familia. Luego de ello no le he vuelto a ver en ninguna actividad cultural.
A lo largo de los años, tanto dentro como fuera de la administración pública, he podido observar y compartir las carencias de los museos potosinos, siempre castigados en el área presupuestal pese a lo escrito en las publicaciones de los presupuestos de egresos. Recuerdo las inundaciones incontrolables del Museo de las Culturas Populares; el cuarto que se derrumbó en el Museo de la Cultura Potosina -ambos desaparecidos hoy-; la cooperación que frecuentemente hacen los trabajadores del Museo Othoniano para comprar materiales básicos de limpieza, los años que pasaron solicitando les repusieran un vidrio roto; la imposibilidad económica por la cual el Museo Mariano Jiménez pasó a convertirse en Centro Cultural y así seguirme poniendo ejemplos hasta los límites de lo increíble.
Cada vez presentar el presupuesto anual se vuelve una situación más complicada para los museos (bueno, en todo el sector cultura, pero esta columna va enfocada a museos) porque es lo mismo escribirle una carta a Santa Claus: bajar los recursos “aprobados” es un calvario y la subsistencia se ha vuelto más compleja desde hace algunos años, cuando la Secretaría de Finanzas determinó que todos los ingresos propios de las dependencias deben ser depositados con ellos y luego solicitarlos para su uso, la más burda de las tácticas de jineteo de recursos conocida. Una de las opciones para hacerse de recursos es pues, la renta de espacios. Y no es algo privativo  de nuestra entidad, se realiza en todo el mundo, incluso en los Museos más prestigiados y no he leído, visto ni escuchado quejas al respecto. Aquí se espantan con el petate del muerto.
Cuando Fernando Toranzo tomó cargo como gobernador en una acción populista e ignorante ordenó bajar los precios de las entradas a los museos, pese a que ninguno de ellos contaba con una tarifa elevada y en todos los casos aplican descuentos durante la semana y un día –regularmente el domingo, cuando toda la familia descansa y puede visitarlos- de entrada libre. La costumbre del paternalismo, el reclamo sin argumento y el hágase la voluntad de dios en los bueyes de mi compadre parecen prevalecer en muchos de quienes se ostentan como detractores del gobierno porque la cultura es “para las élites” sin molestarse en observar las particularidades de las problemáticas y menos aún, comprometerse a participar en llevar todos los bienes al público general. Un ejemplo con la propia editorial Mival: hace unos diez años eran los medios que más difundían las actividades culturales, pero un mal día cambiaron los criterios y se decidió que cualquier cosa publicada, incluyendo las actividades culturales gratuitas, son publicidad y entonces hay que cobrar a todos como anunciantes.
El ejercicio periodístico, pese a las herramientas tecnológicas actuales, no puede hacerse desde atrás de un escritorio, por el contrario, dada la contaminación informativa es éticamente necesario comprobar datos, contrastar, ampliar las fuentes para que la veracidad de lo reportado contribuya en verdad a informar, lo cual se supone debería ser el fin primero.
Mínimamente debieron haberse revisado los decretos de creación y los manuales de operación de cada dependencia para revisar cuales si, cuales no y de qué manera se regula la renta de espacios, me queda claro que no se hizo.
Finalmente, me resulta por lo menos curioso el momento en el cual se retoma el cansado tema, justo después del informe de gobierno, cuando Juan Manuel Carreras ha hablado de posibles cambios en su gabinete y mientras el vice gobernador Ugalde sigue con su idea de cerrar algunos museos y casas de cultura “porque no son rentables”. ¿Una manita a quien desea ver a Herrera Silva fuera de la jugada?