En
fechas recientes dos casos obligan a reflexionar de nueva cuenta sobre las
condiciones de desventaja en las cuales se desarrolla la labor de los trabajadores
culturales del país, ambas vinculadas con algo tan delicado como es la salud.
Por un lado el maestro Gustavo García, respetado crítico y profesor de cine,
por el otro Enrique Ballesté, dramaturgo, poeta y cantautor con un vínculo
especial con San Luis Potosí, ambos graves, ambos impedidos para hacer frente a
su situación médica en buena medida por la inequidad en la aplicación de la
seguridad social.
En
abril de 2011 la entonces senadora María Rojo propuso una iniciativa de ley llamada “Fondo de apoyo para el acceso
de artistas, creadores y gestores culturales a la seguridad social”, documento
en el que pugna precisamente por aquello que en su nombre enuncia y que –al no
ser considerado como algo de mediana importancia- ha sido relegado de su
discusión en la Cámara de Diputados, donde el pasado 30 de abril, última día
del periodo ordinario de sesiones, volvieron a posponer su revisión a
septiembre en función de que en esa fecha se estaba discutiendo la Ley de
Telecomunicaciones, que obviamente engloba intereses mucho más poderosos que la
salud y futuro de quien se dedica a la creación.
La
iniciativa, que es en sí misma plausible, guarda sin embargo algunos detalles
que han generado duda en estudiosos de la cultura, sobre todo a partir de dos
puntos: el hecho de que los trabajadores culturales accedieran a este servicio
a través de un fideicomiso y que el mismo sea operado a través de un padrón
levantado y actualizado por CONACULTA, transcribo algunas partes seleccionadas
de la Exposición de motivos:
“…se ha considerado que un fideicomiso es el
instrumento jurídico idóneo para convocar al Estado Mexicano y a los
trabajadores culturales a realizar un esfuerzo conjunto que permita la
incorporación de éstos al Seguro Social con todas las prestaciones previstas en
la Ley de la materia, en especial el servicio médico y el fondo de retiro… con
terrible frecuencia no cuentan con recursos para afrontar una enfermedad grave
ni retirarse con dignidad cuando las circunstancias les impiden continuar con
su labor como trabajadores culturales.” En particular es interesante el acceso
que puede tenerse al fondo de retiro, impensable para la mayor parte de los
creadores. Esta parte es sin embargo la que podría inquietar más a Hacienda,
que de inmediato señalará con seguridad que no hay de dónde tomar recursos para
cubrir estos emolumentos, con todo y que de acuerdo a los propios números de
gobierno los trabajadores culturales generan el 7% del Producto Interno Bruto y
en cambio en el presupuesto de egresos de la federación apenas le retribuye el
1%.
Continúa la iniciativa: “El fideicomiso,
constituido inicialmente con recursos presupuestales y alimentado con
aportaciones de los propios trabajadores culturales y otras aportaciones
públicas o privadas… y su objeto es otorgar un apoyo a artistas, creadores y
gestores culturales para su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del
Seguro Social… la ejecución de sus fines se apoyaría en el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), órgano desconcentrado que a su vez
tendría la responsabilidad de constituir, operar y mantener actualizado el Registro
Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, instrumento fundamental
para el otorgamiento del apoyo y cuya existencia es acorde con las labores que
CONACULTA viene realizando a través del Sistema de Información Cultural y los
diferentes programas y fondos de apoyo a la creación artística…”. Seguro una
reglamentación posterior señalaría los mecanismos pero en tanto queda la duda
sobre como mantendrá la actualización del registro CONACULTA y sobre qué bases
se decidirá quién puede ser considerado artista, creador o gestor cultural para
tener acceso al fideicomiso.
Perfectible como puede ser cualquier iniciativa, es
importante revisar ésta y buscar la manera de que el acceso a un derecho
fundamental como es la salud, y los beneficios adicionales, quede garantizado
para quien dedica su vida a la creación –independientemente de la alta
voluntaria que permite el IMSS- y que esto a su vez de pie a un involucramiento
más cercano por parte de los trabajadores culturales para que su actividad y
forma de vida sea debidamente cubierta por las leyes. El tema da para mucho,
espero acceder a comentarios de la comunidad potosina para ampliar el tema en
el futuro cercano.
Posdata:
Para apoyar al maestro Ballesté vía depósito bancario se puede hacer a la
cuenta Banamex n. 8720877 no. de surcusal 541 clabe 002180054187208770 a nombre
de Andrea Martínez Ballesté.
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